En Ecuador existen cantones donde la violencia parece haber disminuido. Las balas dejaron de escucharse con frecuencia, las noticias de muertes disminuyeron y hasta hay panfletos que prohíben delinquir. Pero no se trataría de una victoria del Estado. Sería el crimen organizado el que impone una calma que, en realidad, es un control territorial.
La lógica, de acuerdo con expertos consultados, es sencilla: cuando una sola banda domina un cantón, las cifras de homicidios bajan. Pero esa tranquilidad se quiebra apenas surge otro grupo listo para disputar el espacio. Entonces, las muertes violentas se disparan. El fenómeno se repetiría de costa a frontera y sería el reflejo de un Estado ausente.
Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Gitoc, por sus siglas en inglés), sostiene que en territorios de alta criminalidad los grupos terminan siendo “precursores de la ley”. Con panfletos o amenazas, regulan la vida cotidiana y definen qué delitos pueden cometerse y cuáles no.
Ejemplos hay en varias provincias. En Los Ríos, un taxista de Quevedo reconoce que las rutas rurales se convirtieron en corredores para criminales, aunque la ciudad se mantenga en aparente calma. “Uno ya no sabe si va a llegar al destino o si lo van a dejar botado en medio de la nada”, relató.
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El exoficial de Inteligencia Kléber Carrión coincide en que la reducción de violencia suele estar atada a la hegemonía de un solo grupo criminal. “Son ellos los que ponen las reglas y, en su defecto, sostienen esa tranquilidad mafiosa. Cuando aparece otra banda y hay pugna, suben los homicidios”, explica.
Según el especialista, el discurso de que “entre ellos se matan” oculta un problema mayor: las víctimas colaterales. Ciudadanos sin vínculo criminal quedan en medio de la disputa y engrosan la estadística de muertes violentas.
El Estado replegado por la violencia
Daniel Pontón, académico en temas de seguridad, advierte que en muchos de estos cantones la función de brindar seguridad se trasladó de facto a las bandas. El Estado, debilitado y sin capacidad de contención, se replegó y permitió que las organizaciones criminales marquen la pauta.
Durán es uno de los casos más críticos. Allí, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) documentó cómo los Chone Killers infiltraron el Municipio. Su alcalde, Luis Chonillo, sobrevivió a varios atentados y se mantiene fuera del país, mientras la ciudad figura entre las más violentas del país.
En Manabí, las investigaciones revelaron la cercanía de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, con instituciones. En Manta, un empleado municipal fue parte de su esquema de seguridad, mientras el hospital del IESS fue señalado como espacio de influencia en la asignación de contratos.
El Gitoc, mediante un informe de 2024 (el último al respecto), calcula que Ecuador tiene una resiliencia de apenas 4,88 sobre 10 frente al crimen organizado. Es decir, el Estado carece de fuerza institucional suficiente para contenerlo. El país ocupa el segundo lugar mundial en deterioro de la brecha entre criminalidad y capacidad de respuesta, solo superado por Myanmar ((también conocido como Birmania, es un país del sudeste asiático).
En este contexto, el caso Metástasis expuso la profundidad de esa penetración: jueces, policías y políticos quedaron vinculados a redes criminales. El sistema judicial procesa menos del 9% de homicidios y solo el 1,3% de causas de lavado entre 2020 y 2022 concluyeron en sentencia.
El mapa de la violencia en Ecuador
Los datos recientes confirman la magnitud del problema. Según el OECO, en el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios intencionales, un 47% más que en 2024. Es la cifra más alta en la historia reciente.
El 78% de los homicidios se concentran en tres zonas de planificación: la 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), la 5 (Guayas sin Zona 8, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Galápagos) y la 4 (Manabí y Santo Domingo). La costa sigue siendo el epicentro de la violencia.
Dentro de esta concentración destacan tasas desproporcionadas. Puebloviejo, en Los Ríos, lidera el ranking nacional con 187 homicidios por cada 100.000 habitantes; le siguen Balao, en Guayas, con 167, y Quinsaloma, también en Los Ríos, con 111. A ellos se suma Las Naves, en Bolívar, con 108, lo que evidencia que no solo los grandes centros urbanos son críticos.
En los cantones con más de 100.000 habitantes, Durán encabeza con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 personas, seguido por Babahoyo (83), Manta (63) y Esmeraldas (58). Incluso Guayaquil aparece con 49, consolidándose como un foco persistente de violencia pese a la presencia militar.
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El panorama contrasta con otras ciudades grandes como Quito (4,7), Santo Domingo (8,0) y Milagro (7,3), que aparecen con cifras reducidas, pero los especialistas advierten que en estos casos la “calma” obedece al dominio de un grupo criminal y no a la acción sostenida del Estado.
La violencia, se señala en un estudio de la entidad, también se expandió hacia la Amazonía. Provincias como Zamora, Pastaza y Orellana registraron incrementos ligados a la minería ilegal y al ingreso de grupos transnacionales. Estos nuevos focos muestran cómo el crimen se adapta y encuentra mercados fuera de los centros tradicionales de narcotráfico.
La paz peligrosa por la influencia criminal
Kléber Carrión explica que en lugares con estados de excepción la población percibe un alivio temporal, pero las medidas no son sostenibles. “El Estado no hace presencia permanente y eso permite que los grupos sigan imponiendo sus reglas”, afirma.
Barrios de Naranjal o El Triunfo, en Guayas, ilustran esa realidad. Aunque los homicidios bajaron, los habitantes percibirían que no es por más patrullajes, sino porque las bandas mantendrían acuerdos que evitan choques violentos.
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El Gitoc advierte que este deslizamiento hacia la gobernabilidad criminal no es una sorpresa. Las estadísticas expondrían un patrón de deterioro sostenido en la criminalidad y, en paralelo, una disminución de la resiliencia estatal.
Carrión concluye que la reducción de homicidios en algunos cantones no es un logro del Estado, sino una advertencia, porque Ecuador, en diferentes localidades, estaría atravesando una paz mafiosa que en cualquier momento puede estallar.
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