Cada día, Quito y el Ecuador entero suman víctimas en las vías por los siniestros de tránsito. Las cifras de los siniestros viales son una alerta constante que, sin embargo, no se traduce en acciones sostenidas ni en políticas efectivas de prevención.
Entre enero y junio de 2025, según las Estadísticas de Transporte del INEC, la cantidad de muertes por los siniestros se incrementó frente al mismo periodo de 2024. Las cifras señalan que han fallecido 1 125 personas frente a las 1 038 de los dos primeros trimestres de 2024.
La prevención vial no puede seguir siendo un acto político, sino una responsabilidad de Estado para salvar vidas.
Solo en Quito, murieron 210 personas en siniestros de tránsito entre enero y septiembre de 2025, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Detrás de cada número hay familias, historias truncadas y una ciudad que sigue perdiendo vidas por causas evitables.
La prevención de los siniestros de tránsito en Ecuador continúa siendo tibia. Las campañas son esporádicas y con poca contundencia, los radares se retiraron o no se instalan por temor a las críticas, y las medidas de control llegan con retraso.
Ecuador está sin radares desde abril de 2025, ya que fueron retirados por anomalías, pero no se han encontrado una alternativa de control, mientras los municipios realizan las homologaciones de los dispositivos, como pide el Ministerio de Infraestructura y Transporte.
En Quito, el alcalde Pabel Muñoz anunció recientemente siete medidas, sin precisar cuándo ni cómo se aplicarán. El problema radica en que las decisiones se manejan desde la óptica política, no desde la técnica. Así, la planificación se diluye entre cálculos de popularidad y falta de continuidad institucional.
La asesoría internacional, como la de la Iniciativa Bloomberg, ha propuesto estrategias comprobadas para reducir la siniestralidad. Sin embargo, su implementación ha sido parcial o pospuesta. Controlar la velocidad, mejorar la señalización, rediseñar intersecciones peligrosas y fortalecer la educación vial no deberían ser medidas negociables ni sujetas al vaivén político.
Lo que ocurre en Quito refleja una realidad nacional. En todo el país, los siniestros de tránsito se abordan como emergencias aisladas y no como un problema estructural de salud pública. Las tragedias del último feriado, con varios fallecidos en las carreteras, lo confirman.
Ecuador necesita pasar del discurso a la acción. Urge una política sostenida, interinstitucional y basada en evidencia para reducir las muertes en las vías. Prevenir no puede depender del calendario electoral ni del costo político: debe ser una prioridad de Estado.