El concejal de Quito, Wilson Merino, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra presuntos responsables por el supuesto delito de peculado dentro del proceso de compra de los 60 trolebuses eléctricos el 20 de enero de 2026.
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Denuncia en Fiscalía por supuesto peculado en los trolebuses de Quito
El edil afirmó que hace 10 meses alertó sobre un esquema de triangulación ilegal en la adquisición de estas unidades y pidió respaldo ciudadano tras lo que describió como amenazas e intimidaciones vinculadas con este caso.
Merino sostuvo que su acción se apoya en el informe DNA6-EP-0003-2025 de la Contraloría General del Estado, emitido el 10 de diciembre de 2025. Ese documento incluyó predeterminaciones administrativas y civiles, además de indicios de responsabilidad penal dentro del proceso de contratación de los trolebuses.
El concejal señaló que su función dentro del Concejo Metropolitano se centra en legislar y fiscalizar, razón por la que formalizó la denuncia contra los presuntos involucrados. Según indicó, el manejo transparente de los recursos públicos resulta clave para el avance de la ciudad y, por ese motivo, solicitó acompañamiento ciudadano.
Durante su pronunciamiento, Merino aseguró que recibió amenazas de muerte, actos de intimidación y persecución tras impulsar este caso. Añadió que espera un incremento de estas presiones luego de la presentación en Fiscalía.
Contraloría examinó la contratación de los trolebuses con Unops
La Contraloría estableció que el proceso para adquirir los 60 trolebuses nació con un Memorando de Entendimiento que el Alcalde firmó con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según el informe, ese documento permitió que el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) se iniciara la contratación sin ajustarse a los procedimientos previstos en la normativa de compras públicas ni a las condiciones del proyecto de inversión.
El organismo de control observó que el proceso avanzó sin subasta inversa, sin coordinación previa y sin aplicar el esquema exigido para inversiones públicas en bienes normalizados como los trolebuses.
Predeterminaciones civiles y técnicas detectadas por Contraloría
Contraloría predeterminó posibles responsabilidades civiles por 2,5 millones de dólares, correspondientes a pagos que la Epmtpq realizó a Unops por costos de implementación e indirectos sin aplicar los procedimientos de contratación pública. Además, identificó posibles responsabilidades administrativas por 79 970 dólares.
El organismo también señaló la existencia de indicios de responsabilidad penal y dispuso el traslado del caso a la Fiscalía. La investigación penal mantiene carácter reservado y, hasta el momento, no existe imputación ni acusación formal.
En el plano técnico, el examen determinó incumplimientos en 15 de las 80 especificaciones contractuales. El informe añadió que la aprobación del prototipo y la recepción de las unidades avanzaron sin análisis técnico suficiente ni control adecuado del equipo directivo y operativo de la empresa municipal.
Empresa de Pasajeros rechaza irregularidades en la compra de trolebuses
La Empresa de Pasajeros de Quito negó irregularidades en la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos y defendió el proceso tras la publicación del informe de Contraloría.
La entidad aseguró que la compra cumplió con la ley, se ejecutó con transparencia y se realizó por debajo del presupuesto referencial.
La empresa sostuvo que la modernización del sistema Trolebús constituyó una decisión estratégica luego de 28 años sin renovación de flota y recalcó que el proceso se apoyó en UNOPS, organismo con experiencia en adquisiciones públicas en distintos países.
Según la Epmtpq, el examen DNA6-EP-0003-2025 carece de sustento técnico y legal y no incorporó todos los justificativos entregados durante la auditoría. La institución afirmó que la documentación respalda la aplicación de la Constitución, los convenios internacionales y la Ley de Contratación Pública.