En 2025 se registraron un promedio de 25 muertes violentas a diario. Una muerte cada hora. Esto hizo que el año anterior se convierta en uno de los años más violentos del Ecuador. Pero al revisar el mapa cantonal, aparece un dato que obliga a mirar con detenimiento la geografía del crimen: 53 cantones no registraron homicidios intencionales. Frente a este escenario, la pregunta de fondo es: ¿Por qué, en un contexto nacional de violencia extrema, existen territorios donde la violencia letal no se expresó? La respuesta, según tres especialistas consultados- es geográfica, económica y estratégica.
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📍 Dónde están los cantones sin homicidios
Hay 35 cantones de la Sierra sin homicidios que se concentran sobre todo en la zona sur. Loja lideró la lista con 12 cantones sin homicidios; Azuay registró nueve. Galápagos fue la única provincia con sus tres cantones (San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela) sin muertes violentas. En la Amazonía, once cantones -como Archidona, El Chaco, Aguarico o Arajuno– también cerraron el año sin homicidios. A ellos se suman cantones de Cotopaxi, Tungurahua, Carchi y cuatro casos en El Oro.
Estos territorios de 15 de las 24 provincias comparten algunos rasgos: baja densidad poblacional, economías locales poco industrializadas, fuerte peso de la agricultura, el turismo comunitario o los bionegocios. Muestran escasa relevancia logística para el narcotráfico de exportación. No concentran puertos, contenedores, grandes mercados urbanos ni corredores estratégicos, a diferencia de provincias como Los Ríos, Guayas o Manabí, donde la violencia homicida se disparó.
Este contraste muestra que la violencia no se distribuye de forma homogénea: se territorializa. Y lo hace allí donde el control del espacio genera rentas criminales inmediatas y disputadas. Este patrón tampoco implica que esos territorios estén libres de criminalidad. Lo que muestra, más bien, es cómo se distribuye la violencia homicida en función de rutas, mercados ilícitos, densidad urbana y peleas criminales.
🌄 El sur: remesas, cohesión social y fuera de las rutas del narco
Para Marco Salamea, sociólogo y docente de la Universidad de Cuenca, el fenómeno de los cantones del sur de la Sierra no puede explicarse solo por su carácter rural. Azuay, Cañar y Loja presentan condiciones socioeconómicas relativamente más estables que otras regiones del país, especialmente la Costa.
Un factor central es la migración histórica. Las remesas enviadas por migrantes -sobre todo desde EE.UU.- funcionan como amortiguador social que reduce pobreza, desigualdad y tensiones estructurales. En su lectura, cuando las condiciones de vida son menos precarias, disminuye la probabilidad de que la criminalidad se convierta en una salida económica.
Estas provincias no forman parte de las rutas del narcotráfico internacional. A diferencia de los cantones costeros, ligados a puertos y corredores de exportación, el sur andino no resulta estratégico para el negocio de la droga, por lo que la presencia de bandas criminales es menor.
Salamea subraya que el peso del control comunitario, sobre todo en cantones con población indígena. Las relaciones de vecindad, justicia comunitaria y resolución colectiva de conflictos operan como mecanismos de contención, donde la violencia no escala a homicidios, aunque hay delitos comunes.
🌳 Amazonía: baja letalidad no es ausencia de economías ilegales
En la Amazonía, explica José Luis Castillo, experto en seguridad, la ausencia de homicidios responde a condiciones estructurales más que a ausencia de criminalidad. La baja densidad poblacional y la dispersión territorial bajan conflictos cotidianos que, en ciudades densas, suelen escalar a violencia letal.
Estos cantones no concentran mercados criminales urbanos disputados -como extorsión masiva o control de barrios- que son los motores de homicidios en la Costa. Además, el control armado visible en selva y zonas rurales tiene costo operativo alto, lo que incentiva a los actores ilegales a operar con bajo perfil.
Castillo advierte que en estos territorios sí existen economías ilegales, como minería ilegal, tala, narcotráfico de tránsito o actividades extractivas, pero suelen gestionarse mediante arreglos locales, amenazas selectivas, cooptación o control silencioso, no a través de asesinatos sistemáticos. Por eso, la ausencia de homicidios debe leerse como violencia contenida, no como paz estructural.
El riesgo aparece cuando estos cantones adquieren valor estratégico: urbanización acelerada, puertos fluviales, aeródromos informales o competencia entre actores pueden activar la violencia letal.
⚠️ Costa y frontera: cuando no matar es una estrategia criminal
Para Katherine Herrera Aguilar, cientista política especializada en seguridad, varios cantones sin homicidios -incluidos cuatro de El Oro y dos de Carchi-encajan en lo que su investigación denomina “islas de paz criminal“. Se trata de territorios donde existe control criminal estable, con baja disputa, y donde el homicidio se reduce porque no resulta funcional.
En estos contextos, matar eleva costos: atrae presión estatal, rompe arreglos locales y pone en riesgo las rentas. Por eso, la coerción se ejerce mediante extorsión, control del comercio y transporte, amenazas, disciplinamiento social y cooptación institucional, sin necesidad de violencia letal sostenida.
En la frontera norte, este control es selectivo y reticular, concentrado en ríos, pasos ilegales, corredores secundarios y economías como el contrabando o la minería ilegal. La baja letalidad, advierte Herrera, puede coexistir con una gobernanza criminal efectiva, por lo que medir el riesgo solo con homicidios resulta metodológicamente engañoso.
🔄 ¿Son modelos replicables?
Salamea es claro en este punto: no son realidades fácilmente replicables. Factores como la migración y las remesas, la geografía alejada de rutas criminales o la baja densidad urbana no pueden trasladarse por decisión política a otros territorios.
Lo único parcialmente replicable, señala, son algunas prácticas locales, como el fortalecimiento de organizaciones barriales o comunitarias, que en cantones como Cuenca han funcionado como prevención. Pero incluso estas medidas no sustituyen la política nacional de seguridad ni neutralizan al crimen organizado cuando un territorio se vuelve estratégico.
🟢 ¿Qué advierten los expertos y qué recomiendan?
Aunque desde enfoques distintos, los tres especialistas coinciden en una advertencia central: cero homicidios no equivale a cero criminalidad. La ausencia de muertes violentas puede responder a equilibrios territoriales específicos que pueden romperse si cambian las rutas del delito, las rentas disponibles o el balance entre actores criminales.
Entre las principales alertas y recomendaciones que emergen del análisis están:
- Anticipar señales tempranas. La violencia homicida no aparece de forma súbita. Antes suelen registrarse aumentos de extorsión, circulación de armas, amenazas, cooptación de líderes locales o funcionarios, y disputas incipientes por mercados o rutas.
- Presencia estatal sostenida, no solo reactiva. Los expertos subrayan la necesidad de una presencia estatal permanente en nodos emergentes (puertos fluviales, carreteras secundarias, zonas fronterizas), para evitar que los territorios pasen de estar “administrados” a ser “disputados”.
- Control comunitario con Estado, no en reemplazo del Estado. La cohesión social y la vigilancia vecinal pueden contener conflictos, pero no pueden investigar, juzgar ni enfrentar economías criminales complejas. Sin presencia estatal mínima y sostenida -policía comunitaria, fiscalías móviles, controles anticorrupción- el control comunitario puede ser cooptado o desplazado por formas de gobernanza criminal.
Mirar más allá del homicidio
Herrera insiste en que medir la seguridad solo por muertes violentas es insuficiente. Los cantones sin homicidios pueden experimentar violencia no letal que revela control criminal activo. Entre estos indicadores están:
- Extorsión sistemática (vacunas) a comercios, transporte o mercados.
- Amenazas recurrentes y coerción selectiva.
- Expulsión de personas o cierre forzado de negocios.
- Reclutamiento de jóvenes y adolescentes.
- Violencia sexual o desapariciones no esclarecidas.
Estas prácticas permiten “gobernar sin matar”, reduciendo visibilidad y presión estatal.
Detectar captura institucional. Un nivel más profundo del control criminal aparece cuando hay:
- Cooptación de permisos municipales, mercados, terminales o contratos locales.
- Funcionarios que facilitan actividades ilegales por acción u omisión.
- Regulaciones aplicadas de forma selectiva o arbitraria.
- Economías locales que operan bajo reglas informales impuestas por actores criminales.
El llamado final: interpretar la calma solo como ausencia de homicidios puede llevar a reaccionar tarde, cuando la gobernanza criminal ya está consolidada y la violencia letal emerge como una fase posterior.