La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) alertó sobre un escenario que, a su criterio, marca el rumbo reciente del país. La organización sostiene que en Ecuador se ha instalado una conducta guiada por cálculos preelectorales, venganzas políticas y maniobras orientadas a acallar la opinión crítica. Según la CNA, estas prácticas buscan desviar la atención de los problemas estructurales y han relegado el papel de los organismos de control en la lucha real contra la corrupción.
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En un pronunciamiento público, la CNA recordó que cumple una década de trabajo como instancia de contraloría social desde la sociedad civil. La organización reiteró su convicción de que la ética sostiene a la democracia y advirtió que existen problemas fundamentales que no admiten postergaciones. Desde esa premisa, expuso varias preocupaciones que, afirma, requieren atención inmediata de las autoridades y de las instituciones de control.
Crisis sanitaria y falta de control en las compras públicas
La CNA señaló la existencia de una crisis sin precedentes en la atención de la salud de los ecuatorianos. Indicó que proveedores que obtuvieron contratos de manera irregular continúan operando, pese a las alertas emitidas tanto al IESS como al INSPI. A esto se suma, según el organismo, que las compras centralizadas se orientan a favorecer adquisiciones direccionadas, en un contexto marcado por la inoperancia del Comité Nacional de Salud.
Frente a esta situación, la Comisión demandó la designación inmediata de un titular en el Ministerio de Salud Pública. Además, planteó la necesidad de articular veedurías ciudadanas con la participación de la academia, de los gremios médicos y de otros especialistas, con el fin de vigilar los procesos de compra previstos. Para la CNA, el MSP debe estar dirigido sin improvisaciones, por una persona experta, con alta capacidad de gestión y conocimiento de los objetivos y desafíos de la salud pública.
Compras eléctricas, fallas institucionales y defensa de la libertad de expresión
El pronunciamiento también abordó la venta de equipos termoeléctricos por parte de las empresas Progen y Austral. La CNA calificó este proceso como un asalto al país y cuestionó los intentos de impedir sanciones mediante mediaciones. A su juicio, lo procedente es declararlas proveedoras incumplidas y demandarlas sin concesiones por la entrega de equipos obsoletos y chatarra. Asimismo, exigió sanciones para los responsables locales de estas compras y para quienes encubrieron estos hechos, además de identificar y castigar a los responsables políticos.
Finalmente, la Comisión afirmó que estos casos evidencian el incumplimiento del deber de instituciones de control, entre ellas la Fiscalía. Criticó el concurso para elegir a un nuevo fiscal y cuestionó designaciones que, según dijo, carecen de probidad, como en el caso del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. También calificó de inadmisible que quien dirige el CPCCS presida la Función de Transparencia. La CNA llamó a los ciudadanos a denunciar actos de corrupción sin temor y exigió que el Estado respete la labor de control social y el trabajo de la prensa. Advirtió que la intimidación y el amedrentamiento contra la libertad de expresión constituyen prácticas totalitarias y antidemocráticas que no deben tener cabida en Ecuador.