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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que la ley 70/30 enviada por el Gobierno podría obligar al Municipio a subir el pasaje del Metro de Quito. El pronunciamiento lo realizó en un video difundido en su cuenta de X el 11 de febrero de 2026, donde cuestionó el impacto financiero del proyecto.

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Pabel Muñoz advierte alza del pasaje del Metro de Quito

En su mensaje, Muñoz sostuvo que la iniciativa “atenta contra las ciudades” y que, si se aprueba, el Municipio deberá cerrar servicios sociales uno por uno. Entre los efectos que mencionó incluyó al transporte público.

“En el Metro de Quito pagas 0,45 centavos porque nosotros tenemos la posibilidad de subsidiar con cerca de 60 millones de dólares al año para que tú pagues ese valor”, afirmó.

Según el alcalde, si el Municipio pierde esa capacidad de subsidio, el valor real del pasaje “estaría entre uno y dos dólares”.

Muñoz aseguró que la ley “le pasa la factura a los ciudadanos” y calificó la propuesta como inconcebible.

Qué plantea la ley 70/30 enviada por el Ejecutivo

El proyecto económico urgente obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a destinar al menos el 70% de sus presupuestos a inversión pública y reducir el gasto corriente al 30%. El calendario fija metas progresivas: 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029.

El texto incorpora un artículo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y condiciona las transferencias del Estado al cumplimiento de esa regla fiscal.

Según el Ejecutivo, la reforma busca concentrar recursos en obras, mantenimiento e infraestructura. También establece qué rubros se consideran inversión pública, como obras, reposición de activos y adquisición de medicamentos para consulta externa.

Impacto financiero y riesgo para servicios municipales

Muñoz señaló que el impacto para Quito podría bordear los 77 millones de dólares y afectar áreas como salud, educación y atención social. En el video mencionó programas como Quito Wawas, centros de salud con medicinas gratuitas, Casas Somos, atención a adultos mayores y refuerzos de bomberos en época de incendios forestales.

También afirmó que la norma pone en riesgo actividades extracurriculares en unidades educativas municipales y servicios de salud mental.

El abogado constitucionalista Edison Guarango indicó que el debate no solo es jurídico, sino presupuestario y financiero. Recordó que la inversión municipal se ubica entre 20% y 25% y señaló que la Asamblea puede introducir ajustes para equilibrar inversión y gasto corriente.

El analista Mauricio Alarcón sostuvo que una regla rígida puede generar complicaciones en programas sociales, ya que el gasto corriente cubre salarios de maestros y personal que sostiene servicios.

En ese escenario, Muñoz insistió en que, sin el subsidio municipal, el pasaje del Metro de Quito subiría y pasaría de 0,45 centavos a un rango entre uno y dos dólares. “La ley debe archivarse”, concluyó.






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