La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley urgente sobre minería, la noche de este jueves 12 de febrero de 2026.
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La aprobación del informe para primer debate de la ley urgente sobre minería
La noche de este jueves, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate de la ley sobre minería, enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.
Tras la exposición de posturas de los asambleístas, Alex Morán presentó la moción de aprobación del informe para segundo debate de la ley urgente sobre minería.
El informe fue aprobado con seis votos a favor y tres en contra.
La propuesta del Ejecutivo
Regalías mineras y desarrollo territorial
La ministra Inés Manzano señaló que el proyecto busca fortalecer la competitividad y el desarrollo territorial. Destacó que, por primera vez, se viabiliza de forma efectiva la entrega de regalías mineras a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Estos recursos deberán destinarse exclusivamente a inversión y no a gasto corriente, con el objetivo de generar impactos directos en el bienestar de la ciudadanía. Además, indicó que se transparentará su uso mediante planes de inversión con indicadores verificables.
Distritos eléctricos y control ambiental
El proyecto plantea la creación de distritos autónomos eléctricos para garantizar estabilidad energética y fomentar clústeres productivos y mineros. También exige que los proyectos mineros cuenten con su propia generación de energía.
Manzano aclaró que no se eliminan las licencias ambientales. La propuesta armoniza la normativa con el Código Orgánico del Ambiente mediante autorizaciones administrativas y amplía los plazos de exploración para brindar mayor certeza a la inversión responsable. Asimismo, refuerza la lucha contra la minería ilegal con zonas de seguridad sustentadas técnicamente.
Cambios en el sector eléctrico
Por su parte, Heriberto Medina explicó que la reforma eléctrica busca corregir vacíos legales declarados inconstitucionales. La normativa amplía las causales para delegar proyectos al sector privado, especialmente ante retrasos, emergencias, mejoras tecnológicas o mayor conveniencia económica para el Estado.
La propuesta incorpora los distritos autónomos energéticos y habilita esquemas de autoabastecimiento y autogeneración con cualquier tecnología, bajo regulación estatal.
Seguridad jurídica e inversión minera
Asimismo, María Limongi indicó que la normativa minera se enfoca en atraer inversión responsable, armonizar la legislación vigente y promover el desarrollo territorial. La propuesta clarifica las fases de exploración, unifica criterios legales y reduce trámites administrativos sin debilitar los controles estatales.
También impulsa clústeres mineros para fortalecer infraestructura eléctrica y vial, y fomenta el tránsito del minero artesanal hacia la pequeña minería formal.
Los cuestionamientos de la Conaie y otras organizaciones
La Conaie considera que el proyecto de ley sobre minería, enviado con el carácter de urgente en materia económica por Daniel Noboa, debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.
En un comunicado, la Conaie señaló que la propuesta del Gobierno “prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada” de los pueblos indígenas, un derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
La organización advirtió además que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reduce la consulta “a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo”.
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Asimismo, cuestionó que la flexibilización de controles ambientales y administrativos, especialmente en el uso del agua, “debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles” y afecta ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, a los que calificó como pilares de la soberanía hídrica y alimentaria.
Según la Conaie, que agrupa a los pueblos indígenas del país, la iniciativa legislativa refuerza un modelo de dependencia extractiva que “ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial”, sin resolver los problemas estructurales del desarrollo, y podría incrementar la conflictividad social en los territorios.
Información extra: Asamblea Nacional