Un tribunal arbitral internacional redujo el monto de la indemnización que Ecuador deberá pagar a la petrolera Chevron. La decisión ajusta la cifra definida en noviembre y fija el pago en 215 millones de dólares, según informó este jueves la Procuraduría General del Estado.
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La defensa del Estado solicitó la corrección del Laudo de Cuantificación de Daños emitido el 17 de noviembre. El tribunal acogió el pedido y dispuso un ajuste a la baja del monto previamente anunciado. Con esta resolución, Ecuador deberá pagar 5,7 millones de dólares menos de lo que se había comunicado a inicios de diciembre.
Corrección del laudo y alcance del fallo
A comienzos de diciembre, la Procuraduría informó que el tribunal había condenado a Ecuador a pagar 220 millones de dólares. Tras revisar el laudo, la defensa estatal presentó una solicitud de corrección. El tribunal arbitral aceptó el planteamiento y ordenó la rectificación, lo que redujo la indemnización total a 215 millones de dólares.
La institución estatal explicó que la corrección se limita a la cuantificación de los daños y no altera el fondo del fallo. La resolución se conoció mediante un comunicado oficial difundido este jueves. Con ello, el Estado ecuatoriano deberá cumplir con el pago del monto ajustado.
Origen del conflicto y siguientes etapas
El caso se originó en 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas presentaron denuncias por vertidos de la petrolera Texaco en la cuenca amazónica ecuatoriana. Los hechos denunciados se remontan a operaciones realizadas entre 1964 y 1990. Chevron adquirió Texaco en 2001.
En 2011, un tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos fijó una indemnización de 9.500 millones de dólares a favor de los afectados. Años después, en 2018, la Corte Constitucional de Ecuador ratificó esa sentencia.
Chevron llevó el caso a instancias internacionales. La empresa alegó que el fallo se obtuvo mediante fraude, sobornos y corrupción, y reclamó al Estado ecuatoriano una indemnización de 3.350 millones de dólares. Ese mismo año, el tribunal arbitral con sede en La Haya se pronunció a su favor. En diciembre pasado se conoció que la cifra reclamada había sido reducida a 220 millones, monto que ahora se ajustó nuevamente.
La Procuraduría informó que el Estado se prepara para una nueva fase del arbitraje. Esa etapa se centrará en la determinación de costas, que incluyen los gastos del proceso, como honorarios de abogados y peritos. La institución señaló que continuará con su estrategia de defensa dentro de los plazos y procedimientos establecidos.