La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en la madrugada del martes 10 de febrero durante un operativo por el caso “Goleada”, reactivó un sentimiento en la población ante un caso sin duda de alto impacto. Así, el Ecuador en – importante medida – se divide entre quienes sostienen que es “persecución” y otros que indican que se trata de “combate a la corrupción”.
El asunto es que esta dicotomía no necesariamente puede ser exacta. En contextos polarizados, ambas circunstancias pueden coexistir, de tal manera que una investigación puede ser legítima y, a la vez, ser aprovechada políticamente.
El feroz fuego cruzado entre ambos sectores, no solo rodea a Guayaquil, sino que se expande e inflama políticamente al país entero. Así, actores políticos, instituciones estatales y ciudadanos quedan inducidos a escoger su trinchera.
I.- La hipótesis de la persecución: Quienes ven persecución advierten tres riesgos. Primero, la prisión preventiva como castigo anticipado: su fin es asegurar el proceso, no satisfacer expectativas. Segundo, el juicio mediático: filtraciones y adjetivos antes de la audiencia. Tercero, el “timing” político, cuando el caso explota en el momento conveniente, surge la sospecha.
Esa alerta no es por que sí. En democracias frágiles, el derecho penal puede deformarse como instrumento para disciplinar adversarios. A veces basta una motivación judicial o un exceso de espectáculo para que la sombra de la persecución parezca creíble.
II.- La hipótesis de la anticorrupción: De la otra orilla, el argumento central es comprensible: nadie está por encima de la ley. Si la Fiscalía sostiene indicios de delincuencia organizada, lavado o defraudación, el Estado tiene el deber de investigar, incluso si se trata de una autoridad electa.
Y en delitos de redes y dinero, la prontitud y rapidez tiene sentido. Proteger evidencia, evitar obstrucción y asegurar comparecencias son objetivos legítimos.
La anticorrupción real exige tocar el poder, no solo a funcionarios menores.
III.- ¿Pudieran ser ambas?: Aquí está la arista aguda o el punto incómodo, esto es que, un caso puede nacer como lucha anticorrupción y terminar percibido – o instrumentalizado – como persecución. Puede haber indicios relevantes y, al mismo tiempo, un forzado uso operativo y/o narrativo que busque el desgaste.
Por eso, cabe reflexionar en el sentido de que, la pregunta útil no es ¿cuál bando tiene razón?, sino ¿qué salvaguardas deben activarse para que el proceso no se contamine? Sin perjuicio por supuesto de que, la justicia al final del día nos indique, vía sentencia en firme, si hubo o no actos de corrupción.
Conclusiones: a) Para la Fiscalía la teoría del caso debería ser objetiva, verificable y sobria jurídicamente (alejada de presiones políticas). Rutas del dinero, pulcros soportes documentales y cadenas de custodia, junto con un relato que se sostenga en audiencias y no en redes.
Para los jueces, debería caber la motivación estricta de cada medida; y, si hay prisión preventiva, necesidad, proporcionalidad y alternativas.
Para la defensa, enfocada en contradicción con evidencia. Y para la política – toda en su conjunto – bajar el volumen. Convertir el expediente en ataque electoral sería la forma más eficiente de afectar al sistema, y potencializar reacciones y posibilidades de distinta índole y repercusión.
b) Guayaquil no puede quedar rehén de la pugna, afectada por el combate entre los dos actores; debiendo entenderse y separarse por ende, la compleja y delicada situación legal del alcalde; y, por otro lado, el necesario apoyo y desarrollo operativo y financiero del Municipio del puerto principal. El Municipio debe sostener la continuidad administrativa con profesionalismo y eficacia. Y, el país debe levantar una vara objetiva y única, esto es, ni blindajes por simpatía ni condenas por antipatía.
c) Al final, la democracia no se mide por cuántos poderosos caen, sino por cómo caen, esto es, cumpliento con el debido proceso, evidencias y sentencias que resistan el tiempo y el cambio de los vientos políticos. Esa es en realidad, la más sensata y prudente vía contra la persecución y también – por supuesto – contra la corrupción.