La Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República fijó una postura pública sobre el uso de la política frente a la justicia. Su titular, Doménica Bajaña, se pronunció este 16 de septiembre al respecto.
“Esta es una situación que debe preocuparnos a todos los ecuatorianos, ya que no se puede utilizar la política para obstaculizar la justicia”, afirmó la funcionaria.
Bajaña puso como ejemplo el caso Goleada, en el que, según explicó, hay personas procesadas por presunto lavado de activos, una de las cuales es candidata a una elección seccional.
Sobre este proceso, recordó que ya existe un antecedente: el caso Triple A, en el cual se determinó un perjuicio para el Estado de 61 millones de dólares.
En ambos están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y miembros de su entorno familiar.
En Goleada, está a la espera de que se retome la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio; y en el Triple A ya tiene una sentencia de prisión en primera instancia.
Con base en esos casos, la secretaria fue enfática al fijar la posición institucional del Gobierno: “La política no puede ser utilizada por bandas de delincuencia organizada o delincuentes para adquirir una probablemente inmunidad y quedar en la impunidad”. (I)