La muerte de un guardia de seguridad en el norte de Quito, asesinado mientras intentaba impedir un robo, volvió a poner en primer plano una realidad que los ciudadanos viven a diario: la inseguridad se ha normalizado en la capital.
El hecho, ocurrido el 7 de enero de 2026, no solo estremeció a una zona comercial concurrida, sino que simboliza el riesgo permanente al que están expuestos trabajadores, comerciantes y transeúntes. Cumplir con el deber, hoy, puede costar la vida. Ese mismo día, hubo otro asalto a un restaurante en Cumbayá y el robo a una joyería, solo por mencionar dos casos.
La inseguridad en Quito exige decisiones inmediatas y coordinación real entre el Municipio y el Gobierno, sin excusas políticas.
El crimen del guardia no es un episodio aislado. A él se suman asaltos violentos, robos a plena luz del día y modalidades delictivas cada vez más organizadas, como los sacapintas que en diciembre de 2025 despojaron a una ciudadana de más de 40 000 dólares tras salir de una entidad bancaria.
Cafeterías, restaurantes, bancos y calles han dejado de ser espacios seguros. La percepción de miedo se ha instalado con fuerza y erosiona la convivencia, la economía local y la confianza en las instituciones.
Las cifras de asesinatos en la ciudad también son espeluznantes. El año pasado se cometieron 97 asesinatos, una cifra superior a los 85 de 2024, según la data de la Fiscalía.
Frente a este escenario, la respuesta del Municipio de Quito es percibida como tardía e insuficiente. La convocatoria del alcalde Pabel Muñoz, el 12 de enero, para dialogar con concejales y vecinos es un paso necesario, pero no basta.
La ciudad requiere un rol municipal más protagónico, con liderazgo político claro, planificación técnica y acciones sostenidas. Las inversiones realizadas a través de la tasa de seguridad deben traducirse en programas visibles, medibles y coordinados con otras instancias del Estado.
La seguridad ciudadana no es competencia exclusiva de un solo nivel de gobierno. Exige articulación entre el Municipio y el Ejecutivo, especialmente en un país atravesado por el crimen organizado y el narcotráfico.
Sin embargo, los desencuentros políticos entre autoridades locales y nacionales han interferido en la construcción de una estrategia común. Este patrón no es exclusivo de Quito; se repite en ciudades como Guayaquil y Cuenca, con costos directos para la población.
Es momento de dejar de lado las pugnas y priorizar a los ciudadanos. Planificar juntos, definir responsabilidades, compartir información y evaluar resultados debería ser la regla, no la excepción. La seguridad no admite cálculos políticos ni demoras.
Quito necesita que sus autoridades se sienten a la mesa, asuman su rol con responsabilidad y actúen de manera coordinada. La vida de las personas no puede seguir siendo la variable de ajuste.