El oficialismo a través del Ministerio del Interior -con razón- insiste que, en el país no se puede normalizar jueces que liberan con ligereza a detenidos de riesgo. El ministro John Reimberg, se ha convertido en el rostro de esa batalla, cuestionando liberaciones y advirtiendo -acertadamente- que ciertos pronunciamientos judiciales neutralizan el trabajo y esfuerzos de la policía (y militares), alimentándose de esta manera a la impunidad e inseguridad.
Pero el problema no es solo que existan jueces corruptibles. El problema es la coherencia del sistema cuando decide a quién exige y a quién ampara; a quién le aplica el estándar máximo y a quién le concede los beneficios de la duda.
Y ahí aparece un contraste preocupante: mientras el ministro demanda elevar la vara moral y ética de la Función Judicial, en la Asamblea avanza a “fuego lento” el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, salpicado gravemente entre otros motivos, por presuntas presiones ligadas a un caso de lavado de activos. Cuestionado personero que se rehúsa a renunciar y que más bien se habría dado a la delicada y preocupante tarea de designar a nuevos jueces.
I.- El doble mensaje:
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al trámite y lo remitió a la Comisión de Fiscalización; luego, esa comisión calificó el proceso. En estas semanas, las comparecencias y el debate han mostrado que el caso ya no se lo mide en lo jurídico, sino también con cálculo político, estando latente una suerte de conflicto entre lo conveniente y lo reputacional.
Si la narrativa oficial es “tolerancia cero” con la corrupción que contamina a la justicia, ¿por qué se instala -en facilidades, silencios o prioridades- la percepción al momento (cierta o no) de un blindaje político que estaría alrededor de Godoy desde sectores del oficialismo? Circunstancia en la que, ganar tiempo parecería ser la idea.
La selectividad, cuando se percibe en la ciudadanía, evidentemente erosiona la confianza. Y la desconfianza, tarde o temprano, se reflejaría en las urnas.
II.- Inocentes necesarios, agendas opacas:
Tiempo atrás escribí una columna en el sentido de que, los gobiernos necesitan “inocentes necesarios”, esto es, funcionarios que, por convicción o por rol, empujan una agenda legítima (seguridad, orden, determinación). Reimberg probablemente encajaría en ese molde: intensidad, presencia, urgencia. Pero también advertí sobre una “reservada lógica de conveniencias”.
Cuando el Estado apunta con el reflector a los jueces que sueltan delincuentes, pero tolera zonas grises en su propia arquitectura de poder, el mensaje a los funcionarios de la justicia es desorientador, ya que en ciertos casos, parecería que más allá de las normas, importaría más la cercanía y la funcionalidad. Y cuando, además, se instala la percepción de hostigamiento contra quien disiente o investiga, el miedo se vuelve un fantasma silencioso para periodistas y columnistas que se autocensuran, ciudadanos que bajan el tono, opositores que prefieren callar.
III.- La salida que sí fortalece al país:
La disyuntiva no es “gobierno vs. jueces”. La disyuntiva es “instituciones impecables vs. conveniencias”. Si de verdad se quiere limpiar la justicia, el oficialismo (desde el Ejecutivo y desde la Asamblea) debería ser el primer interesado en que el juicio político a Godoy se sustancie con firmeza, transparencia, pruebas completas y debido proceso; sin interferencias, sin blindajes y con la razonable prontitud en un tema sin duda importante y urgente.
La seguridad se construye con policías y militares en las calles, sí. Pero se sostiene con legitimidad. Y la legitimidad nace de una sola premisa, y esta es que, la ley sea la misma para enemigos, aliados y sobre todo para los “útiles” del momento.