El 14 de febrero de 2027, Ecuador volverá a las urnas para elegir autoridades seccionales. Prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales disputarán el poder territorial. Precisamente en los territorios donde el crimen organizado ha consolidado su presencia. Y por eso, estas elecciones son una prueba crítica para la democracia.
Cuando se habla de financiamiento electoral irregular, muchos piensan en campañas presidenciales. Sin embargo, el verdadero riesgo estratégico está en lo local. El narcotráfico necesita puertos, municipios, rutas, permisos, contratos y silencios administrativos. Controlar un cantón es muy rentable para el crimen organizado.
‘El narco no financia con transferencias evidentes; utiliza redes, testaferros y triangulaciones. El control técnico debe estar a la altura de esa sofisticación’.
Por eso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una responsabilidad histórica en este año preelectoral. No basta con organizar un calendario impecable. Debe blindar el sistema financiero de campaña con mecanismos más duros, más rápidos y más eficaces.
Primero, la trazabilidad de aportes no puede ser posterior. El control debe ser en tiempo real, con cruces automáticos entre el sistema del CNE, la Unidad de Análisis Financiero y los organismos de supervisión bancaria. El dinero sospechoso no puede detectarse cuando el candidato ya ganó.
Segundo, deben vigilarse con especial atención las donaciones fragmentadas y los aportes indirectos que suelen ocultar capitales ilícitos. El narco no financia con transferencias evidentes; utiliza redes, testaferros y triangulaciones. El control técnico debe estar a la altura de esa sofisticación.
Tercero, las sanciones deben ser inmediatas y ejemplares. Si existen indicios sólidos de financiamiento irregular, el CNE debe tener la capacidad de suspender candidaturas sin dilaciones políticas. La neutralidad no significa pasividad.
Las elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027 no solo definirán quién administra ciudades y provincias. Definirán si el Estado mantiene control sobre los territorios o si cede espacios a economías criminales que ya han demostrado su capacidad de violencia.
Los partidos tampoco pueden mirar a otro lado. La debida diligencia interna debe ser una obligación ética. Aceptar fondos sin verificar su origen es una forma de complicidad. La transparencia no es un discurso de campaña; es una práctica contable.
Ecuador atraviesa una etapa donde la frontera entre política y crimen organizado intenta volverse difusa. Permitir que el dinero ilícito pague propaganda, logística o movilización en el ámbito local sería abrir la puerta de las alcaldías y prefecturas a intereses que no creen en la democracia.
El 2027 empieza a definirse hoy. La defensa institucional no se juega únicamente en los discursos, sino en los balances financieros de campaña. Blindar las elecciones seccionales es blindar el territorio. Cuando el narco financia, invierte en impunidad.