Cuando el país aún se soñaba a sí mismo, los hombres discutían sobre el porvenir con vehemencia. Pero llegó un tiempo de espejismos, y ya no fueron las ideas las que cruzaron espadas en la plaza pública, sino los estandartes de las identidades, que dividieron a los ecuatorianos en un archipiélago de minorías vociferantes y una mayoría silenciosa que se fue desvaneciendo en su propia tierra, como un río que se pierde en el desierto.
La Constitución del 2008, engendrada garantista, debía ser el amparo de los desvalidos. Sin embargo, su verdadero designio fue ser una madeja legal que protege al verdugo, politizó la justicia hasta convertirla en un circo de sombras y condenó al ecuatoriano honesto, a vagar por los laberintos de un Estado inútil. El país perdió el equilibrio como canoa en un mar de incertidumbres.
El laboratorio de los agravios
Cada grupo minoritario exigió su bandera, su parcela, su idioma y su porción de poder. Los derechos se multiplicaron como conejos, pero los deberes se evaporaron en el aire. La justicia se volvió un terreno pantanoso, donde las víctimas cargan culpas y los culpables invocan garantías e impunidad. Así tenemos una Carta Magna que otorga más derechos a los malhechores. Ampara a las minorías radicales mientras no escucha el clamor de la mayoría laboriosa. Convirtió al Estado en una piñata de cuotas y consignas. El resultado: un país hecho añicos, sin una lengua común que señale la realidad.
El ecuatoriano, que no milita en bando alguno: ni en el de los indígenas, ni afros, ni arcoíris, ni los apóstoles de la izquierda, se convirtió en el nuevo vulnerable y desventurado: un fantasma sin voz, sin representación, sin amparo verdadero.
Aquella mayoría callada, que sostuvo la patria con el sudor de su frente y el sentido común de los abuelos, ahora vive atenazada por miedos: teme opinar porque la tildan de reaccionaria, teme exigir justicia porque la acusan de represora, teme hablar de valores porque la señalaban con el dedo de la intolerancia. Teme cuestionar a los pueblos originarios porque la maldición del racismo cae sobre su casa, teme mencionar la ideología de género porque el estigma de la homofobia le perseguirá hasta la tumba. Teme mostrar su modesto progreso por la sombra del clasismo y porque se delata ante los vacunadores. Teme, incluso, abandonar el país por si al mirar atrás no encuentre razones para volver.
En el Ecuador cada minoría alza su grito en el mercado de las demandas, y los demás deben guardar silencio. Pero una sociedad no se edifica con alaridos, sino con pactos, con acuerdos solemnes; pero en lugar de ellos, solo hay un estruendo de espadas chocando en la niebla.
Si no enderezábamos el rumbo constitucional y político de la nación, el Ecuador está condenado a transformarse en un mosaico irreconciliable de tribus identitarias, condenadas a desangrarse como aquellos pueblos del Medio Oriente que se devoran a sí mismos en guerras sin fin.
La urgencia de una nueva Constitución
Más allá de las coyunturas pasajeras, el país necesita con premura una nueva Constitución, que rescate el principio cardinal de la civilización: que la ley es igual para todos. Una que reconozca la diversidad sin transmutarla en privilegio. Una que le devuelva a la justicia su autoridad moral, sin subterfugios ideológicos ni de género. Una que vuelva a poner en el centro de todas las cosas a la persona humana, como sujeto pleno de derechos y deberes. No al grupo, no al colectivo, no a la causa, no a la etnia.
La nueva Carta Magna debe enmendar tres deformaciones del modelo vigente:
– El exceso garantista que desarma al Estado frente al crimen organizado y la corrupción.
– La fragmentación identitaria que parte en pedazos a los ecuatorianos según su color, género o ideología.
– La ausencia de responsabilidad ciudadana, que ha convertido la libertad en licencia para el abuso y el desorden.
Recuperar la nación
El desafío no es retornar al pasado, sino reconstruir el sentido de pertenencia a una misma nación. Un país donde el trabajador, el empresario, el maestro, el campesino, el joven y el anciano sientan que la Constitución los amparaba por igual; donde la ley no es un escudo para el criminal ni un privilegio para el activista.
La nueva Constitución debe sostener un gran acuerdo nacional, sin exclusiones ni supremacías morales ni raciales. Debe devolver la confianza en las instituciones, garantizar la justicia sin ideología, proteger la libertad sin libertinaje y equilibrar los derechos con los deberes.
Si no lo hacemos, entonces, las divisiones sociales, culturales y políticas se convertirían en conflictos irreversibles, en los que cada grupo reclamará su propio país dentro del mismo territorio. Y ese será el primer paso hacia la violencia que desangra a otras naciones fragmentadas.
Un llamado a la reconstrucción
El Ecuador tiene la oportunidad y la urgencia de reencontrarse. La nueva Constitución debe ser un pacto de convivencia de todos. Solo así podremos detener el resentimiento, la anarquía y el enfrentamiento social aupado por las mafias.
El país necesita menos discursos de victimización y más acuerdos de justicia. Menos identidades enfrentadas y más ciudadanía compartida. Menos privilegios de grupo y más igualdad individual ante la ley.
Porque si no somos capaces de reconciliarnos bajo un marco común, muy pronto ya no tendremos un país que reconciliar.