Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron un operativo militar de gran escala en Azuay. La intención fue combatir la minería ilegal y el crimen organizado.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, el despliegue en la zona de La Chonta, cantón Pucará, logró destruir 12 hectáreas ocupadas por campamentos, bocaminas y procesadoras de oro ilegales, controladas por mafias mineras con vínculos criminales.
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El operativo incluyó 1 500 militares que intervinieron por aire y tierra, en una maniobra calificada como “bombardeo táctico de precisión”.
🚨¡OPERACIÓN MILITAR: “TORMENTA DE FUEGO”, EL NUEVO BOMBARDEO MASIVO CONTRA LA MINERÍA ILEGAL!🚨
➡️1.500 efectivos militares se desplegaron por aire y tierra, ejecutando maniobras tácticas de control y aseguramiento en la ofensiva contra la minería ilegal, con el objetivo de… pic.twitter.com/ZWObFgDkmt
— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) November 4, 2025
Antes de la operación, se evacuó a la población civil cercana para evitar víctimas y proteger la seguridad comunitaria.
Operación para frenar el avance de la minería ilegal
La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en una fuente de financiamiento para bandas delictivas como Los Choneros, quienes, según Defensa, utilizaban estas zonas como centros logísticos y de contrabando de armas, explosivos y drogas.
La intervención, afirman las autoridades, “asesta un golpe estructural” a estas organizaciones y refuerza el compromiso del Estado con la seguridad nacional y la paz ciudadana.
El Gobierno ecuatoriano ya había emprendido acciones similares en Buenos Aires, Imbabura, un territorio marcado por la explotación ilícita.
Sin embargo, Azuay se ha convertido en un nuevo foco de conflicto por la presencia de grupos armados dedicados al microtráfico y la minería clandestina.
El Ministerio de Defensa reiteró que continuará con las intervenciones aéreas y terrestres en todas las provincias afectadas por la minería ilegal, incluyendo Azuay, Imbabura y Morona Santiago. Forma parte de una estrategia integral de seguridad que busca erradicar la economía criminal asociada a la extracción de oro ilegal.