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Quito declaró otra vez la seguridad vial como emergencia metropolitana. La nueva resolución llega a las puertas de las Fiestas de Quito, precisamente en noviembre y diciembre, los meses más críticos del año.

Los registros oficiales lo confirman: en noviembre de 2023, la ciudad tuvo 38 fallecidos, y en diciembre de 2023, 45. Un año después, noviembre de 2024 cerró con 33 muertes y diciembre de 2024 con 39.

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Quito suma normas, pero no ejecución, mientras los fallecidos de 2025 se mantienen altos

El concejal Andrés Campaña recuerda que Quito suma cuatro instrumentos formales de seguridad vial en dos años:

  1. Resolución 42-2024-01, del alcalde Pabel Muñoz, que declaró la seguridad vial como prioridad.
  2. Plan Maestro de Movilidad Sostenible, aprobado en febrero de 2024, con la meta de reducir 50% de siniestros, lesionados y fallecidos hasta 2045.
  3. Ordenanza de Seguridad Vial, aprobada en febrero de 2025, que incorporó la seguridad vial como eje transversal de movilidad.

La nueva declaratoria aprobada este 18 de noviembre se convierte en la cuarta resolución u ordenanza en el mismo período, otro intento por frenar una tendencia que no baja al ritmo esperado.

Campaña afirma que el problema no está en la normativa, sino en la falta de cumplimiento.

Señala que la inspección vial de la Simón Bolívar ordenó retirar ventas informales en 2023 y que la ciudad no cumplió esa medida.

Añade que Epmmop mantiene ejecución baja en obras de movilidad y que la ordenanza de seguridad vial todavía no concreta la unidad técnica, los informes semestrales, la capacitación obligatoria a conductores ni las rampas de emergencia en vías rápidas.

Los datos de 2025 confirman su preocupación. Entre enero y octubre, Quito registra:

  • 266 fallecidos (296 en el mismo período de 2024).
  • 3 398 siniestros (3 889 en 2024).
  • 2.144 lesionados (2 351 en 2024).

La reducción de siniestros y lesionados no evita que la letalidad siga alta, sobre todo en motociclistas, que concentran más de la mitad de las muertes del año.

La concejala Analía Ledesma describe la situación como un problema de salud pública y mental.

Señala que la ciudad repite los mismos puntos críticos: Simón Bolívar, Ruta Viva, Mariscal Sucre, Carapungo, El Troje, Quitumbe y el entorno de la Universidad Central.

Propone intervenciones inmediatas en esos tramos, controles sostenidos, presupuesto exclusivo para seguridad vial, campañas permanentes y monitoreo trimestral para evitar que las resoluciones queden sin efecto.

Quito no ejecuta lo que aprueba

El director de la AMT, Washington Martínez, reconoce límites legales que impiden controlar el exceso de velocidad con radares porque la Agencia Nacional de Tránsito todavía no emite los parámetros técnicos para calibrarlos.

Afirma que mantiene controles manuales de velocidad, alcohol y maniobras peligrosas y que cuenta con todo su personal operativo para noviembre y diciembre, los meses de movilidad más alta.

Afirma que hay una reducción en noviembre: 13 fallecidos frente a 29 de noviembre de 2024, aunque admite que la ciudad enfrenta problemas de conducta vial y de salud mental que complican cualquier control.

El experto en movilidad, Alfredo León, explica que Quito no logra resultados porque no ejecuta lo que aprueba.

Resume las fallas en seis áreas: planes sin responsables claros, falta de intervenciones obligatorias, ausencia de una agencia técnica de seguridad vial, controles débiles, cultura de conducción riesgosa y datos fragmentados que impiden decisiones basadas en evidencia.

Recuerda que ciudades como Bogotá, Medellín o Madrid reducen muertes porque fortalecen esos mismos ejes y aplican sus normas sin demoras.




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