Lo que comenzó como una fricción diplomática por la seguridad fronteriza ha escalado a una guerra comercial abierta. Surge la amenaza con desestabilizar las economías de Ecuador y Colombia. Según Carondelet, mientras Ecuador moviliza recursos militares en la frontera, los grupos criminales siguen operando con relativa libertad desde el colombiano.
El presidente Daniel Noboa decidió imponer una “tasa de seguridad” del 30% de incremento de los aranceles vigentes a las importaciones colombianas, y elevar el costo del transporte de crudo colombiano. Se ha desatado así un efecto dominó de represalias por parte de Colombia. Quizás el golpe más contundente para Ecuador es la decisión de cortar el suministro eléctrico, porque aumenta la probabilidad de apagones en el territorio nacional. Colombia provee actualmente entre el 8% y el 10% de la electricidad que consume Ecuador.
No se trata de solamente una medida comercial; al contrario, es el síntoma de una política exterior que parece dar palos de ciego. Mientras Carondelet intenta presentar a la medida con la narrativa de la seguridad y la recaudación fiscal, un análisis detenido revela una estrategia apresurada y carente de sustento técnico que amenaza con aislar al país, en un momento geopolítico crítico.
Voceros oficiales sostienen que los recursos que se alcancen con la medida financiarán la guerra interna contra el crimen. Pero este argumento recaudatorio es el primero en desmoronarse, pues la lógica económica dicta lo contrario: el beneficio fiscal se verá anulado por la inevitable caída de las exportaciones ecuatorianas tras la retaliación de Bogotá. A esto se suma la presión del sector productivo nacional, que exige compensaciones ante la inminente contracción del consumo interno provocada por el alza de precios. Éste será trasladado directamente al consumidor final, alimentando la inflación en un momento económico ya delicado. En lugar de llenar las arcas del Estado, la medida asfixiará al aparato productivo local.
Políticamente, el Gobierno intenta forzar a Colombia a una mayor acción antinarcóticos. Pero el argumento es un bumerán. Colombia sostiene que el eje del narcotráfico se ha desplazado a Ecuador debido a su alarmante falta de control en los puertos marítimos y en el transporte interno. La salida de droga en contenedores de productos para exportación y la debilidad en el control del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano son realidades que el Gobierno pretende omitir.
Más que la aspiración para construir una estrategia de seguridad binacional, la medida constituye un medio eficaz para desviar la atención pública de los escándalos de corrupción que salpican al círculo gubernamental, y de la falta de un plan económico coherente. Ante la ausencia de un liderazgo que convoque a los sectores nacionales para definir políticas concertadas y viables, se ha optado por crear un “enemigo externo” para solapar la apatía interna.
Ecuador está jugando con fuego en el tablero de la Comunidad Andina (CAN). Al violar acuerdos de libre comercio, el país se expone a sanciones que dejarán a nuestra economía -significativamente más pequeña que la colombiana-, en una posición de vulnerabilidad extrema.
A nivel regional, esta fractura ocurre en el peor momento posible. Mientras el mundo se reconfigura hacia un orden donde el poder se ejerce por bloques, Ecuador dinamita la unidad de la subregión andina y latinoamericana. Sin un bloque sólido, la autonomía, la soberanía y la autodeterminación de las naciones pequeñas se diluyen frente a las grandes potencias. La inserción internacional de Ecuador no se logra con desplantes arancelarios, sino con alianzas estratégicas.
La medida es, en definitiva, un grave error de cálculo. Los resultados no serán positivos: la recaudación neta podrá sufrir una considerable disminución; la inseguridad continuará si no hay controles portuarios reales y el país perderá su fuente de energía importada.
Si se trata de lograr algún resultado favorable y salir del impasse sin renunciar a la necesidad de recaudación (soberanía fiscal), ni socavar la relación con Colombia, la estrategia debe virar de una imposición unilateral a una negociación de salvaguardias técnicas. El camino es acudir a la sustitución del Arancel General por Salvaguardias Específicas, previstas en el Acuerdo de Cartagena, en lugar de un arancel “a dedo”. Esto permite aplicar medidas temporales justificadas por “perturbaciones en la economía” o “desequilibrios en la balanza de pagos”, dándole un marco de legalidad internacional.
Ecuador debe evitar el descrédito internacional con negociaciones ingeniosas y creativas, que no persigan la vieja fórmula que finaliza con un ganador y un perdedor. Lo que está en juego no es solo el precio de algunos productos, sino la estabilidad energética del país y la ruptura de una hermandad comercial de décadas.