La Fiscalía General del Estado ejecutó la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026 un operativo junto con la Policía Nacional que terminó con la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos y otras personas. En total, 11 ciudadanos quedaron privados de libertad dentro del denominado caso Goleada.
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Delincuencia organizada y su alcance penal sobre el caso Goleada
La investigación parte de la hipótesis de una estructura articulada para cometer delitos con un objetivo económico. La Fiscalía encuadra los hechos en el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal.
Esta norma establece sanciones que pueden alcanzar hasta 10 años de privación de libertad para quienes integren o financien una organización destinada a cometer delitos. La figura penal exige la existencia de coordinación, permanencia y reparto de funciones dentro del grupo investigado.
Lavado de activos y penas previstas
La causa también incluye el delito de lavado de activos. El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal sanciona a quien oculte, disimule o convierta bienes de origen ilícito con penas que van de diecinueve a veintidós años de prisión, según el monto y las circunstancias.
Este tipo penal apunta a la incorporación de recursos provenientes de actividades ilegales al sistema financiero o económico formal. La Fiscalía sostiene que la investigación busca determinar si existieron operaciones destinadas a legitimar fondos supuestamente irregulares.
Defraudación tributaria en la investigación
El expediente del caso Goleada también menciona la supuesta defraudación tributaria. Este delito se configura cuando una persona elude el pago de tributos mediante maniobras fraudulentas que afectan la recaudación fiscal.
Las autoridades deberán exponer en audiencia los elementos que sustenten la formulación de cargos dentro de los plazos que establece la ley.
Información extra: Caso Goleada