El desarrollo de ocho procesos de selección de autoridades está pendiente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que experimentará una renovación en mayo de 2027, luego de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
De forma paralela a la elección de los representantes de gobiernos locales, el 29 de noviembre se elegirá a los siete consejeros de Participación Ciudadana de entre 65 candidatos, entre los que están cuatro personas que buscan la reelección.
El CPCCS es un cuerpo colegiado que está integrado por siete miembros que, en las atribuciones que les da la Constitución, tienen la responsabilidad de elegir a los titulares de la Fiscalía, de la Contraloría, de las Superintendencias, de entidades electorales y de otras más.
Desde hace varios años está pendiente de renovar a los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a un titular de la Defensoría del Pueblo, a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y a los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa).
Asimismo, los delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras y los 25 representantes de la sociedad civil para los Consejos Nacionales para la Igualdad.
A esta lista se sumó la autoridad de una superintendencia. En 2026 se acabó el periodo de cinco años del superintendente de Ordenamiento Territorial (SOT), Pablo Iglesias Paladines.
Se lo designó el 4 de marzo de 2021 durante la administración del hoy exconsejero de Participación Christian Cruz y su periodo terminó en marzo del año en curso.
El reglamento para la renovación está vigente e incluso se convocó a la integración de la veeduría ciudadana; el siguiente paso es solicitar al presidente de la República, Daniel Noboa, que remita una terna de postulantes para empezar el procedimiento.
Para octubre de 2027, terminan los cinco años de funciones de Juan Carlos Larrea como titular de la Procuraduría General del Estado.
En octubre de 2028, el CPCCS tendría que designar a una nueva autoridad en la Contraloría.
En tanto, en la actualidad, están inconclusas otras designaciones.
Desde noviembre de 2021, no se ha hecho el concurso para renovar a dos de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral, que no llegan a término después de cuatro administraciones: Sofía Almeida, Hernán Ulloa, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni.
Este último es candidato a la reelección para las elecciones de noviembre, en las que competirá junto con sus colegas y actuales consejeros Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y Johnny Escobar, quienes integran una facción para la toma de las decisiones.
Los consejeros electorales se designaron el 16 de noviembre de 2018 en la gestión del CPCCS de transición que lideró Julio César Trujillo (+) y pese a que la Constitución ordena dos renovaciones —dos autoridades en la primera renovación y tres en la segunda— para el periodo de cinco años, ninguna se ha hecho.
La primera modificación en el pleno del CNE correspondía a noviembre de 2021. Aunque en 2022 se inició la preparación del concurso, en el que hay 162 aspirantes, este no pasa a la etapa de oposición desde mayo de 2023, última fecha en la que se calificaron los méritos.
En tanto, la renovación de los tres consejeros restantes debía hacerse en noviembre de 2024 y no se ha realizado.
También está el Tribunal Contencioso Electoral, cuyos actuales jueces se designaron el 10 de abril de 2019 por el hoy extinto CPCCS de transición. Desde entonces no se ha electo a sus reemplazos, por lo que se encuentran en funciones prorrogadas.
Otra autoridad pendiente de seleccionar es la de la Defensoría del Pueblo.
Tras la destitución por juicio político de Freddy Carrión, sentenciado además por un delito sexual, el Consejo de Participación, en la presidencia de Sofía Almeida, encargó la administración de esa instancia a César Córdova el 18 de septiembre de 2021.
Lleva cinco años en funciones “encargadas”, pero el CPCCS no lleva adelante la elección de una nueva autoridad.
En 2014 fue la última vez que el CPCCS seleccionó a los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa).
En 2018 procedía su renovación; sin embargo, hasta la actualidad, se mantiene con conferencistas prorrogados y dos que fueron designados por el CPCCS, debido a que uno renunció y otro murió.
Está en marcha la realización del concurso para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana.
De 26 postulantes que llegaron a este momento, 21 fueron descalificados por aparente falta de probidad notoria para ejercer el cargo, según concluyó la comisión ciudadana que desarrolla el proceso.
Aún resta que el CPCCS ratifique la resolución de los comisionados de descalificar o reincorporar a los postulantes.
La última autoridad titular en la Fiscalía fue Diana Salazar, cuyo periodo terminó en abril de 2025, y su subrogante, Wilson Toainga, quien renunció a finales de 2025.
El Consejo de la Judicatura (CJ) designó en su reemplazo a Carlos Alarcón, quien compite en el actual concurso y se perfila como el posible ganador entre los cinco participantes. (I)